La ley mexicana reconoce que la obligación alimentaria es un derecho fundamental y, por ello, establece diversos mecanismos de protección y ejecución para garantizar su cumplimiento. Estos instrumentos buscan evitar la evasión de responsabilidades y asegurar que los beneficiarios reciban lo que legalmente les corresponde.
Intervención del Ministerio Público
El Ministerio Público tiene un papel activo en los procedimientos de pensión alimenticia. Su función principal es proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, asegurándose de que la demanda se tramite correctamente y que el fallo se cumpla.
En casos de incumplimiento, puede intervenir para promover acciones legales en defensa de los beneficiarios.
Facultades judiciales para investigar ingresos
Los jueces cuentan con amplias facultades de investigación para determinar la capacidad económica real del deudor alimentario. Entre ellas:
- Solicitar información a bancos, instituciones fiscales o patrones.
- Revisar declaraciones de impuestos, recibos de nómina o estados de cuenta.
- Considerar el estilo de vida del deudor para estimar ingresos cuando no hay transparencia.
Estas facultades permiten que la pensión se fije con base en datos objetivos y no únicamente en lo que declare el deudor.
Recursos penales y civiles disponibles
Cuando el incumplimiento persiste, la ley prevé recursos penales y civiles para hacer valer la obligación:
- En vía civil, el juez puede ordenar embargos, retenciones salariales o medidas de apremio.
- En vía penal, el deudor puede ser procesado por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, con sanciones que incluyen multas e incluso prisión.
Estos mecanismos demuestran que la manutención no es opcional: es un deber legal respaldado por la fuerza del Estado.
En P&A entendemos la importancia de hacer valer el derecho a la pensión alimenticia. Nuestro equipo legal puede apoyarte en procesos de ejecución o en la defensa de tus derechos. Contáctanos hoy mismo para recibir la asesoría que necesitas.