El despido es uno de los momentos más delicados dentro de cualquier relación laboral. Para quien lo enfrenta como trabajador, suele representar incertidumbre, preocupación económica y una sensación de ruptura abrupta. Para las empresas, un despido mal ejecutado puede convertirse rápidamente en un conflicto legal con consecuencias patrimoniales y reputacionales importantes.
Se habla de despido injustificado cuando el empleador da por terminada la relación laboral sin una causa legal válida o sin cumplir con las formalidades que exige la ley. En la práctica, muchas demandas laborales se originan no necesariamente porque el despido sea indebido en el fondo, sino porque el proceso se llevó a cabo de manera incorrecta o sin la documentación necesaria.
Uno de los errores más comunes es comunicar el despido de forma verbal o informal, sin dejar constancia escrita de las causas. En otros casos, se alegan motivos que no pueden probarse o que no encuadran dentro de las causales previstas por la legislación laboral. Esta falta de sustento suele jugar en contra del empleador durante un procedimiento legal.
También es frecuente que el conflicto surja por una liquidación mal calculada o incompleta. Indemnización, salarios pendientes, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y otras prestaciones deben cubrirse conforme a la ley. Cualquier omisión, retraso o diferencia en los montos puede detonar una demanda, incluso cuando ambas partes intentaban cerrar la relación de manera “amistosa”.
Desde la perspectiva del trabajador, muchas personas desconocen si el despido que enfrentaron fue legal o no. La confusión sobre sus derechos, los plazos para reclamar y las opciones disponibles suele provocar que se actúe tarde o sin una estrategia clara, lo que complica aún más la situación.
Para las empresas, el despido injustificado suele estar ligado a una falta de prevención. Expedientes laborales incompletos, evaluaciones inexistentes, ausencia de políticas internas claras o asesoría legal tardía son factores que incrementan el riesgo de perder un juicio laboral, aun cuando existan razones operativas para terminar la relación.
El marco laboral mexicano busca proteger la estabilidad del empleo, por lo que exige a los empleadores un estándar elevado de cuidado al momento de despedir. Esto no significa que una empresa no pueda dar por terminada una relación laboral, sino que debe hacerlo con fundamento, forma y estrategia.
Comprender cómo se configura un despido injustificado permite a ambas partes tomar decisiones más informadas. Para los trabajadores, significa saber cuándo es viable reclamar y qué esperar del proceso. Para las empresas, implica reconocer que una salida mal gestionada puede convertirse en un problema mayor.
El despido no es solo un acto administrativo. Es un punto crítico donde confluyen derechos, emociones y consecuencias legales que requieren atención profesional.
P&A acompaña tanto a trabajadores como a empresas en la evaluación y atención de casos de despido injustificado, ofreciendo orientación jurídica clara y estratégica para proteger derechos, reducir riesgos y encauzar cada situación hacia una solución justa y sostenible.