El incumplimiento de la pensión alimenticia es un asunto serio que la legislación mexicana sanciona de manera estricta. No se trata únicamente de una obligación moral, sino de un deber jurídico cuya omisión afecta directamente a los derechos fundamentales de niñas, niños y otros beneficiarios.
Registro de Deudores Alimentarios Morosos
En varios estados de la República, existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una lista pública donde se inscribe a quienes no cumplen con sus obligaciones.
Aparecer en este registro puede generar consecuencias como:
- Dificultades para obtener créditos bancarios.
- Restricciones para trámites oficiales (por ejemplo, licencias o pasaportes en algunos casos).
- Daño a la reputación personal y profesional.
Embargo de bienes
Cuando el deudor incumple reiteradamente, el juez puede ordenar el embargo de bienes, incluyendo cuentas bancarias, propiedades o cualquier ingreso comprobable.
Este mecanismo busca asegurar el cumplimiento forzoso de la obligación y garantizar que los beneficiarios reciban lo que les corresponde.
Sanciones penales
En casos graves de incumplimiento, la ley contempla incluso sanciones penales, que pueden ir desde multas hasta pena de prisión.
La omisión en el pago de la pensión alimenticia se considera un delito, y las autoridades pueden proceder de oficio o a petición de parte afectada.
El incumplimiento de la obligación alimentaria no solo afecta a los beneficiarios, sino que también expone al deudor a graves consecuencias legales, patrimoniales y penales.
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