La afiliación al sistema de seguridad social no es una formalidad administrativa. Es un derecho fundamental del trabajador y una obligación legal del empleador. Sin embargo, la falta de registro ante el IMSS u otras instituciones de seguridad social sigue siendo una de las causas más frecuentes de conflicto laboral en México, y muchas veces se detecta hasta que el problema ya es grave.
En términos generales, todo trabajador que presta un servicio subordinado debe estar inscrito ante el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el inicio de la relación laboral. Esta inscripción garantiza acceso a servicios médicos, incapacidades, riesgos de trabajo, pensión y otras prestaciones que forman parte de la protección integral del empleado.
Cuando la afiliación no se realiza, o se hace de manera incorrecta, el impacto no es menor. Para el trabajador, significa quedar desprotegido ante una enfermedad, un accidente o una incapacidad. Para la empresa, implica una contingencia legal que puede derivar en multas, créditos fiscales, reclamaciones retroactivas y demandas laborales.
Uno de los escenarios más delicados ocurre cuando un trabajador sufre un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo y no está debidamente afiliado. En estos casos, la responsabilidad económica puede trasladarse directamente al empleador, quien deberá cubrir gastos médicos, indemnizaciones y otras consecuencias que pudieron evitarse con un registro oportuno.
También es común que el conflicto surja cuando la afiliación se realiza con un salario inferior al realmente percibido. Esta práctica, además de ser irregular, afecta las futuras prestaciones del trabajador y puede generar reclamaciones posteriores. La diferencia entre lo cotizado y lo realmente ganado suele convertirse en un punto crítico en caso de una demanda.
Algunas empresas consideran que la afiliación puede postergarse durante periodos de prueba o esquemas temporales. Sin embargo, la ley no distingue entre “trabajador en prueba” y “trabajador formal” para efectos de seguridad social. Desde el momento en que existe subordinación y pago de salario, la obligación de afiliación se activa.
En el caso de pequeñas empresas o emprendedores, la omisión suele estar ligada al desconocimiento o a la percepción de que los costos son elevados. No obstante, el riesgo de enfrentar una demanda laboral o una revisión por parte de las autoridades suele superar significativamente el ahorro aparente de no registrar a un colaborador.
Es importante comprender que la seguridad social no es solo un trámite fiscal. Es un elemento esencial del equilibrio laboral y un indicador de cumplimiento normativo. Cuando esta obligación se incumple, el conflicto puede escalar tanto en el ámbito laboral como en el administrativo.
La falta de afiliación al IMSS no siempre genera un problema inmediato, pero sí crea una vulnerabilidad que puede activarse en cualquier momento. Y cuando eso ocurre, las consecuencias suelen ser más costosas y complejas de lo previsto.
La prevención en materia de seguridad social no es opcional; es una responsabilidad jurídica que protege tanto a trabajadores como a empresas.
P&A acompaña a empleadores y trabajadores en la revisión de obligaciones relacionadas con seguridad social, ofreciendo orientación estratégica para prevenir contingencias, regularizar situaciones y proteger derechos dentro del marco legal vigente.